Imputados de la llamada “Megacausa 3” que se sustancia en los Tribunales federales santiagueños denunciaron a los jueces que intervenían en el proceso y a la fiscal federal por la presunta comisión de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad, entre otros.
Los acusados Jorge D’Amico (ex militar) y Santiago Olmedo (ex juez federal) y Sara Liendo (hija del imputado fallecido Arturo Liendo) efectuaron ampliaciones de denuncias que ya habían formulado y apuntaron contra los magistrados que integraron el Tribunal y que fueron apartados Juan Ramos Padilla, José María Pérez Villalobos y Alicia Noli y contra la representante del Ministerio Público Fiscal, Indiana Garzón.
“El Tribunal realizó actos en un juicio que debió suspenderse en base a una resolución que emanó la sala IV de Casación Penal, con lo cual procedí a realizar la respectiva denuncia. El fundamento de los jueces y los fiscales era que no estaba determinado de manera expresa el efecto suspensivo siendo totalmente contrario a derecho. El código de procedimientos es muy claro con los efectos. Luego, se hizo lugar a nuevas quejas en donde la Cámara de manera expresa coloca el efecto suspensivo del recurso en su resolución. Se presentaron nuevamente pedidos de suspensión. (Días después) el Tribunal abrió el debate y corrió traslado de planteos y pasó a resolver cuestiones. No podían desconocer algo de público conocimiento”, explicó D’Amico en su presentación.
“Parcialidad”
Olmedo, por su parte, hizo hincapié en las tareas de la fiscal. “La representante del Ministerio Público Fiscal dejó ver, mediante actos concretos, su postura, su parcialidad, su animadversión en contra de los imputados y la falta de control de legalidad”, expresó.
Afirmó que luego de que el Tribunal ordenada una junta médica para Roca y para él “la doctora planteó revocatoria de la medida, que el Tribunal aceptó. El juicio continuó y cumliéndose con los pronósticos profesionales Liendo murió y mi salud se deterioró”. Recordó que ese mismo día falleció otro imputado, Cayetano Fiorini.
En septiembre, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había suspendido las audiencias por una serie de recusaciones y denuncias de los imputados. Se espera que en las próximas semanas se confirme una nueva conformación para el Tribunal.
El juicio por delitos de lesa humanidad había comenzado el 22 de agosto. Comenzó con dos ex jueces federales en la sala y otra docena imputados, entre militares retirados, policías y un civil. Los crímenes fueron cometidos entre 1975 y 1979. Las víctimas suman 34, que padecieron delitos como violación de domicilio, privación de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios y abuso sexual.